*Enrique Peña Nieto para el 2012

El vicecoordinador de la bancada del PRD en el Senado de la República, Silvano Aureoles Conejo, lamentó que el pueblo de México pague con el sacrificio de sus ingresos y de su bienestar «las ambiciones personales» del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, rumbo a la campaña presidencial del 2012.
Silvano Aureoles Conejo criticó el pacto entre el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto; el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont; y las dirigencias nacionales del PAN y del PRI para aprobar la Ley de Ingresos.
«Con ese acuerdo le pegaron a 105 millones de mexicanos que hoy pagan más impuestos, se encareció el costo de la vida, pagan más renta, pagan más transporte, pagan más colegiatura,

 pagan más el boleto del cine, pagan más la comida por una pretensión y una ambición personal de Peña Nieto de querer ser Presidente de la República», criticó
«Es inaceptable que se hayan cocinado los acuerdos en lo oscurito, debajo de la mesa, para que se incrementaran los impuestos a los ciudadanos», lamentó.
«Hoy se paga más Impuesto Sobre la Renta, se mantienen impuestos duplicados como el IETU que no se quiso mover un milímetro, pero junto con esto se incrementó prácticamente todo en las actividades más elementales de la gente», abundó Silvano Aureoles.
El senador por Michoacán aseguró que es muy grave que pretensiones de otra naturaleza pongan en riesgo lo que con mucho esfuerzo ha pasado de ser letra muerta en la Constitución, que es la división de poderes, la autonomía y el respeto entre los mismos.
Silvano Aureoles Conejo calificó de perversa la pretensión del PRI «por esa fantasía que tienen de que van a ganar la Presidencia en el 2012, no les importa atropellar a la gente».
 Ante esto, aseguró que «tendremos (los senadores del PRD) la suficiente capacidad y la madurez para evitar que actores externos elaboren los dictámenes».
 Indicó que respaldarán al Presidente del Senado de la República, Carlos Navarrete Ruiz, en su defensa para evitar que se viole la autonomía del Congreso de la Unión, y para que los poderes fácticos no tengan injerencia en las actividades legislativas.